Cómo la caída de Ueno cambió el poder en Paraguay
Por Rogelio M. Benitez Aquino
Abogado | Secretario Político del Partido Participación Ciudadana (PPC)
En un mes, una investigación sobre la supervisión de un banco se convirtió en una crisis presidencial. Para entender por qué el Congreso destituyó al entonces presidente Santiago Peña y el Partido Colorado conservó el Gobierno, hay que mirar tanto las cuentas de Ueno como la pelea por la candidatura de 2028.
Período analizado: del 10 de octubre al 10 de noviembre de 2026. Corte informativo: 10 de noviembre, a las 18:57, hora de Paraguay. La reconstrucción incorpora antecedentes desde mayo de 2026 y se remonta más atrás cuando hace falta explicar los vínculos empresariales, las denuncias y la política exterior.
¿Cómo llegó un problema bancario a la Presidencia?
En octubre, una mayoría en la Cámara de Diputados todavía podía frenar un pedido de remoción del presidente del Banco Central del Paraguay (BCP). En noviembre, con los ahorristas sin acceso a su dinero y con fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) expuestos, una mayoría más amplia votó para acusar al presidente Santiago Peña. El mismo Congreso despejó el camino para que lo sucediera su vicepresidente, Pedro Alliana. La Asociación Nacional Republicana (ANR), conocida como Partido Colorado, conservó el Ejecutivo. Y Horacio Cartes, expresidente de Paraguay y presidente de la ANR, recuperó capacidad para ordenar a las distintas corrientes del oficialismo.
Entre esas dos votaciones, una controversia sobre supervisión bancaria, conflictos de intereses y fondos públicos se convirtió en una crisis de gobierno. El punto de partida es el 10 de octubre, cuando se publicó la noticia del sumario a Ueno tras una reunión celebradal día anterior. Al cierre del 10 de noviembre, el Ejecutivo y parte de la conducción del Banco Central ya se habían recompuesto. La recuperación del dinero y las causas penales seguían abiertas. Sabemos cómo cambió la mayoría. Para explicar por qué cambió, conviene mirar cuánto pesaron la disputa electoral, las revelaciones sobre Ueno y la movilización de los afectados.
La disputa que ya dividía al Partido Colorado
Para un lector extranjero, la primera distinción es entre el Partido Colorado y Honor Colorado. El primero es el partido de gobierno. El segundo es la corriente interna que dirige el expresidente de Paraguay y presidente de la ANR Horacio Cartes. En agosto, el entonces presidente Santiago Peña respaldaba a Pedro Alliana como aspirante a la Presidencia. En septiembre aún lo presentaba como precandidato de Honor Colorado y procuraba mantener el diálogo con Horacio Cartes. El 13 de octubre, Pedro Alliana confirmó que Horacio Cartes prefería a Juan Carlos Baruja, entonces ministro de Urbanismo, para encabezar la fórmula. Pedro Alliana mantuvo su aspiración y abrió la posibilidad de competir por fuera del movimiento. Santiago Peña respaldó esa decisión el 16. Hacial 23 y el 26 ya se discutían el nombre y la organización de una corriente propia. Los preparativos y el quiebre por la candidatura son visibles. Sigue pendiente documentar la inscripción del movimiento y la salida formal de sus promotores de Honor Colorado.
El 18 de octubre, el expresidente de Paraguay y presidente de la ANR Horacio Cartes anunció que Honor Colorado se abstendría de presentar candidatura propia en las elecciones internas de 2027, la instancia partidaria previa a la competencia presidencial de 2028. En los días siguientes hubo adhesiones de gobernadores y negociaciones en Diputados. Una carta de once senadores, encabezados por el senador y presidente del Congreso Basilio Núñez y difundidal 28, respaldó a Pedro Alliana y al Gobierno del entonces presidente Santiago Peña. Los firmantes también reafirmaron su cercanía con Horacio Cartes. En el gabinete, el ministro de Agricultura, Carlos Giménez, apoyó a su par de Industria y Comercio, Marco Riquelme, como posible compañero de fórmula. En ese momento, acompañar a Pedro Alliana era compatible con mantener el vínculo con Horacio Cartes. Esas adhesiones todavía dejan abierta la pregunta de cuántos diputados y ministros estaban dispuestos a actuar como bloque.
La mañana del 2 de noviembre, Pedro Alliana puso en pausa su precandidatura. Reconoció diferencias con el entonces presidente Santiago Peña, cuestionó la concentración de fondos en Ueno y condicionó la continuidad de su proyecto a que se resolvieran problemas de gestión. Al mismo tiempo, dijo que acompañaría al Gobierno frente a la situación. Fue un distanciamiento público y la pausa quedó sujeta a condiciones. Ese día, el directorio del BCP tomó la decisión sobre Ueno que anunciaríal 3. La cercanía entre ambos hechos deja abierta la pregunta de qué sabía Pedro Alliana cuando hizo esas declaraciones.
Por qué Ueno era un asunto de gobierno
Los vínculos con el banco y su grupo empresarial
En marzo de 2025, cuando ya era presidente, Santiago Peña figuraba como accionista de la sociedad paraguaya Ueno Holding S.A.E.C.A. Una asamblea dispuso el reembolso y la anulación de acciones, entre ellas las suyas, según la reconstrucción periodística. El 4 de abril, Santiago Peña dijo que había vendido su participación a fines de marzo. Ese mismo día se habría comunicado la operación al regulador. Para establecer cuándo terminó el vínculo y en qué condiciones hay que ver el acta completa y la constancia del reembolso. La imputación, según la cobertura que accedió a ella, menciona además cuatro reuniones con el empresario y directivo de Ueno Bank Federico Miguel Vázquez entre diciembre de 2023 y abril de 2025. La relevancia de esas reuniones para las decisiones sobre el banco depende de qué se discutió en cada una.
La estructura societaria ayuda a entender de qué participación se habla en cada caso. En marzo de 2026, la nómina del banco identificaba a U Paraguay S.A. como su accionista directa mayoritaria. A su vez, la dueña de U Paraguay era U Holdings S.à r.l., registrada en Luxemburgo. Francisco Peña Palacios, hermano del entonces presidente Santiago Peña y exaccionista de U Holdings, había ingresado a esa sociedad luxemburguesa en marzo de 2024. Según los asientos registrales citados en la prensa, el 1 de marzo de 2025 transfirió 58 acciones al Grupo Vázquez. Una publicación de noviembre volvió a mencionarlo como socio al reconstruir una denuncia. El asiento localizado acredita la transferencia de 2025. Para establecer si seguía en el capital en 2026 hace falta un registro posterior. Las informaciones sobre pagos del Ministerio de Salud a Wels S.A. corresponden a Manuel Peña, hermano de Santiago Peña y vinculado a Wels S.A., y a otro vínculo empresarial.
Carlos Carvallo, entonces presidente del BCP, había presidido Financiera Ueno antes de asumir el Banco Central en 2023. La versión del BCP es que se apartó de las decisiones sobre la entidad. La Fiscalía cuestionó su intervención en la autorización, la regulación y la supervisión. Según las facturas citadas en la prensa y el relato fiscal, su esposa, la consultora María Silvia Vázquez de Carvallo, habría facturado G. 165 millones por consultoría económico-financiera a Grupo Vázquez S.A.E. La documentación identifica a esa sociedad como cliente. Para evaluar un posible conflicto de intereses hacen faltal contrato, las declaraciones de intereses y las actas que registren las abstenciones. La ampliación de la denuncia también señaló vínculos con ITTI, Credicentro y Ueno Holding. Cada sociedad y sus contratos con el Estado requieren un examen propio.
Qué concentró el riesgo
Entre mayo y julio, los documentos de supervisión reconstruidos por la prensa registraron alertas sobre créditos a empresas vinculadas y financiación indirecta. Allí aparecen observaciones de la entonces directora del BCP Carmen Marín y un memorando del técnico de supervisión bancaria Fernando Rivarola sobre Vinanzas. En octubre se publicaron además informaciones sobre préstamos a sociedades vinculadas, operaciones que habrían cubierto sobregiros y gastos observados en el fideicomiso de la fusión con Visión Banco.
Mientras se conocían esas señales, también salía a la luz cuánto dinero estatal se había concentrado en Ueno. Una planilla difundida en julio situabal saldo, incluido el IPS, en torno a G. 4,2 billones paral corte que usó esa publicación. La abreviatura G. indica que la cifra está expresada en guaraníes, la moneda paraguaya. En agosto y septiembre se discutieron tanto el circuito de créditos del IPS como un proyecto sobre la manera de computar los bonos y certificados de un mismo banco. Estaban en juego las propias reglas que determinaban cuántos recursos se podían colocar en una sola entidad.
El IPS administra recursos previsionales y también necesita cuentas para operar a diario. Cuando una entidad concentra inversiones, cuentas operativas y servicios de cobro, un problema en el banco puede afectar a la vez el ahorro previsional y los pagos de todos los días. A fines de octubre, el exconsejero y entonces asesor del IPS Carlos Pereira propuso invertir USD 30 millones del IPS a cambio de acciones. El presidente del IPS Derlis León anticipó que la institución rechazaría la iniciativa. Ueno descartó recurrir a fondos previsionales y anunció un plan privado de USD 100 millones. Sigue pendiente acreditar cuánto capital llegó a integrarse.
Una falla de supervisión y varias decisiones de colocar fondos en Ueno pueden explicar parte del riesgo. La posibilidad de que intereses particulares hayan condicionado al regulador exige reconstruir quién intervino, qué advertencias recibió y qué decidió en cada momento.
Las advertencias y la respuesta oficial
El Senado aprobó pedidos de informes el 9 de septiembre. El Banco Central respondió el 7 de octubre y la prensa empezó a difundir la respuestal día 8. El documento reconocía excesos en créditos a empresas vinculadas y consignaba medidas correctivas. Parte de la cobertura destacó las correcciones. Otra publicó el cuestionario de 31 puntos y señaló que faltaban documentos técnicos. El 14, Ueno sostuvo que había cumplido los requerimientos. En la discusión pública llegaron a confundirse la respuesta al Senado y los memorandos internos de supervisión con la denuncia que el Banco Central presentó en noviembre. Cada actuación corresponde a un momento distinto.
El 9 de octubre, el entonces presidente Santiago Peña cuestionó la difusión de documentos reservados y relativizó el alcance del sumario. El 19 reconoció las preocupaciones de Asoban, la asociación del sector bancario, y pidió al BCP una salida técnica. El 27 ratificó su confianza en el regulador y apeló a los indicadores del sistema bancario. Cuando habló de la renuncia de la entonces directora del BCP Carmen Marín, volvió a defender la autonomía del Banco Central.
El diputado Alejandro Aguilera denunció lo que describía como una campaña de alarma y defendió una propuesta para tipificar el llamado «terrorismo financiero». La presentó como una forma de proteger a los ahorristas. Parte de la prensa la interpretó como un intento de castigar a quienes cuestionaban al banco. Hubo también descalificaciones públicas de denunciantes y de la cobertura periodística. Para establecer si existieron represalias coordinadas o si la propuesta llegó a convertirse en una iniciativa legislativa formal se necesitan actuaciones concretas.
¿Había riesgo de una corrida bancaria? La reconstrucción de los saldos muestra que los depósitos de Ueno cayeron en agosto y septiembre, cuando los del sistema seguían creciendo. La caída empezó antes de que se conocieral informe de octubre. Harían falta datos diarios por entidad y tipo de cliente para medir si luego se aceleraron los retiros y si llegaron a otros bancos. En el Congreso, mientras tanto, quienes pedían responsabilidades encontraron un límite preciso. El 13 de octubre, Diputados rechazó por 30 votos contra 26 el pedido de instar a la remoción del entonces presidente del BCP Carlos Carvallo.
Del Congreso a la Fiscalía
La senadora Esperanza Martínez, referente de la bancada democrática, alertó sobre los fondos del IPS y planteó la responsabilidad política de las autoridades del BCP. El senador Rafael Filizzola promovió pedidos de información sobre los créditos del IPS y las empresas relacionadas con Ueno. Algunos quedaron pendientes el 21 de octubre porque la sesión no reunió el número de legisladores necesario para tratar los asuntos.
La otra vía fue el Ministerio Público, que dirige la investigación penal. La diputada Johanna Ortega, el diputado Raúl Benítez y otros legisladores acudieron allí por presunto enriquecimiento ilícito y otros hechos vinculados con el patrimonio del entonces presidente Santiago Peña. La Fiscalía identifica un escrito del 22 de octubre de 2025 que luego se amplió con el caso Ueno. La prensa registró también una presentación del 2 de octubre de ese mismo año. La exsenadora de la oposición Kattya González y el abogado Felino Amarilla figuran como representantes de denunciantes.
El 2 de noviembre, la exsenadora de la oposición Kattya González y el diputado Raúl Benítez cuestionaron el cambio de posición del entonces vicepresidente Pedro Alliana. El 5 se informó que legisladores de ambas cámaras habían participado en la ampliación de la denuncia con hechos relativos a la supervisión del banco y a la colocación de fondos. La Fiscalía dispuso abrir tres causas a partir de distintas presentaciones. Los escritos y las constancias de ingreso permitirían precisar qué se investiga en cada una.
Los días en que cambió el Gobierno
El Banco Central dispuso la resolución de Ueno el 2 de noviembre y la anunció el día 3. La resolución es el procedimiento que se aplica cuando una entidad bancaria ya no reúne las condiciones para seguir operando normalmente. El BCP informó que, después de ajustar los estados financieros, la solvencia de Ueno había quedado por debajo de la mitad del mínimo exigido. Presentó el problema como propio de esa entidad y el día 4 desmintió rumores sobre otros bancos. El senador y presidente del Congreso Basilio Núñez puso inicialmente el foco en el directorio del Banco Central y dijo que no veía motivos para abrir un juicio político.
Desdel 3 de noviembre hubo movilizaciones de clientes y trabajadores en Asunción. La interrupción del acceso a cuentas, tarjetas y transferencias llevó la controversia a la calle. A la exigencia de recuperar el dinero se añadió el reclamo de responsabilidades. El Congreso sancionó el 4 un mecanismo para acelerar los anticipos a depositantes.
El 5, el entonces presidente Santiago Peña anunció su renuncia. Ese mismo día Diputados aprobó la acusación en su contra con 78 votos. El pedido de juicio político contral entonces vicepresidente Pedro Alliana obtuvo 30 votos a favor y 48 en contra, y quedó archivado. El 6, el Senado destituyó a Santiago Peña por mal desempeño con 44 votos, según el recuento publicado. Pedro Alliana asumió la Presidencia y el Congreso eligió a Antonio Barrios como vicepresidente. Las votaciones del 5 muestran cómo se formaron mayorías distintas para cada pedido. La oposición y el oficialismo pudieron reunir una mayoría para apartar a Santiago Peña. La acusación contra Pedro Alliana quedó en minoría y la ANR conservó el Ejecutivo a través de la sucesión.
El expresidente de Paraguay y presidente de la ANR Horacio Cartes volvió al centro de las negociaciones. Antonio Barrios dijo que Horacio Cartes respaldaba al nuevo presidente Pedro Alliana para completar el mandato. También se informó de reuniones de Horacio Cartes con legisladores antes de la sucesión. Una vez en funciones Pedro Alliana, una cobertura atribuyó a Horacio Cartes influencia en la designación del abogado Eduardo González como asesor jurídico. Esa misma cobertura informó del traslado del entonces ministro de Urbanismo Juan Carlos Baruja a Obras Públicas y de la llegada del nuevo ministro del Interior Ariel Martínez a Interior en reemplazo del saliente ministro del Interior Enrique Riera. En otras áreas del gabinete hubo continuidad. El 10, el Tribunal de Conducta de la ANR resolvió expulsar al entonces presidente Santiago Peña. La influencia de Horacio Cartes se observa en la sucesión y en la conducción partidaria. Las próximas decisiones permitirán medir hasta dónde puede fijar políticas, mantener alineadas a las bancadas y decidir la candidatura de 2028.
El recambio llegó también al Banco Central. El 9 de noviembre, el Senado dio su acuerdo para que Jorge Schreiner lo presidiera y Fernando Rivarola se incorporara al directorio. Al día siguiente se informó de la renuncia de la directora del BCP Liana Caballero. Fernando Rivarola, que había formulado advertencias técnicas, pasó a participar en las decisiones. Al mismo tiempo, el senador Gustavo Leite propuso una comisión de ambas cámaras y se discutieron cambios a las reglas sobre conflictos de intereses y mecanismos para recuperar activos. Los cargos ya se habían repartido. La fiscalización dependerá de los votos, del mandato que se apruebe y del acceso efectivo a los expedientes.
Qué pasó con el dinero
Ahorristas, comercios y empleo
Para muchos pequeños ahorristas, el efecto inmediato fue quedarse temporalmente sin el dinero que usaban para gastos corrientes. El IPS anunció que trasladaría a otros bancos el pago de unos 32.000 jubilados y pensionados que cobraban por Ueno. Los comerciantes reportaron dificultades para cobrar, reponer mercadería y atender vencimientos. Asimcopar advirtió de una posible paralización parcial. Su representante Eugenio Caje reportó caídas de ventas de hasta 70 % en negocios del sector. Fedemipymes también advirtió de un freno en la actividad y pidió evitar el pánico.
El 10 de noviembre, la ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Mónica Recalde estimó que había unos 7.000 trabajadores afectados en el conjunto de empresas y países alcanzados. La autoridad tributaria paraguaya, la DNIT, anunció medidas sobre vencimientos y solicitudes por fuerza mayor. Los testimonios y las cifras permiten ver el daño en sectores concretos. Para calcular cuánto pesó en la economía paraguaya hacen falta series comparables de empleo, ventas y actividad.
Qué cubrieron los anticipos
El primer grupo de pago incluyó saldos de hasta G. 10 millones, conforme a las condiciones anunciadas. El 9 de noviembre, el BCP reportó anticipos acreditados a 1.738.804 depositantes, cerca del 93 % de quienes tenían derecho al anticipo, por alrededor de G. 2,126 billones. Ese 93 % se refiere a la cantidad de personas alcanzadas. Para saber cuánto dinero volvió a estar disponible hay que distinguir lo acreditado, lo que efectivamente se pudo retirar y los saldos pendientes.
Conviene tener presentes dos cifras. El umbral del anticipo acelerado era de 40 salarios mínimos, equivalentes a G. 121.760.000. El límite total de la garantía comunicada era de 75 salarios mínimos, G. 228.300.000 por depositante y entidad.
Fondos públicos y previsionales
El director de Inversiones del IPS, Hugo Díaz, informó que el instituto tenía USD 516,38 millones expuestos en Ueno. De ese monto, USD 358,72 millones correspondían a reservas y contingencia, y USD 157,66 millones a cuentas operativas. Son recursos destinados a obligaciones distintas. La cifra del IPS puede estar incluida en otras estimaciones sobre la exposición del Estado. La pérdida final dependerá de cuánto se recupere.
La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) advirtió que recuperar sus fondos sería difícil y que algunas obras podrían postergarse. El 9 de noviembre, docentes movilizados en Ciudad del Este incluyeron entre sus reclamos garantías para la Caja Fiscal, el régimen previsional del sector público. Los anticipos aliviaron una urgencia inmediata. El destino de los fondos públicos y previsionales seguía en disputa.
Hasta dónde llegó la presión económica
El tipo de cambio de referencia entre bancos pasó de G. 5.833,41 por dólar el 26 de octubre a G. 6.388,47 el 5 de noviembre. El movimiento había empezado antes del anuncio de la resolución. La cobertura registró ventas de divisas del Banco Central por USD 14,7 millones el 5 y USD 12,7 millones el 6. También se registró un deterioro en los bonos de Ueno y movimientos en los títulos del Estado paraguayo. Cada grupo de bonos tiene un emisor y un riesgo diferentes.
Al cierre del período se podían documentar presión cambiaria, tensión financiera y daños en hogares y sectores de actividad. La resolución coincidió con el juicio político y con otros movimientos de mercado. Para atribuir efectos al caso Ueno o determinar si la crisis alcanzó al sistema financiero hacen falta datos de liquidez, depósitos, crédito y actividad que cubran a otras entidades. El Banco Central hablaba del alcance del problema dentro del sistema bancario. Los gremios, por su parte, describían el efecto que ya veían en el comercio.
Qué se investiga y a quién le toca responder
El Banco Central presentó una denuncia con documentación técnical 3 de noviembre. El 6, la Fiscalía ordenó la detención del entonces presidente Santiago Peña y el entonces presidente del BCP Carlos Carvallo. Los imputó el día 7. Esa causa penal tiene su propio trámite. Ante el Senado, la defensa de Santiago Peña había cuestionado el procedimiento del juicio político y sostenido que se le atribuían decisiones de otras instituciones.
Se informó de medidas sobre bienes vinculados al empresario y directivo de Ueno Bank Federico Miguel Vázquez, rastreo internacional y allanamientos, entre ellos el de las oficinas de ITTI. En Ueno Casa de Bolsa se investigó la presunta destrucción de documentos. La defensa sostuvo que eran papeles de trabajo. Para establecer qué contenían y qué valor pueden tener como prueba importan tanto las pericias como el registro de quién tuvo el material desde que fue recogido.
El 10 de noviembre se informó que una Cámara de Apelaciones había agregado las calificaciones de lavado de activos y asociación criminal al examinar hechos atribuidos a exdirectivos de Ueno Bank. La cobertura identifica las resoluciones judiciales 353 y 354. Ese día también se publicaron pasajes de la acusación de A Ultranza Py, otro expediente. Allí se atribuyen al empresario acusado en A Ultranza Py Alberto Koube operaciones de préstamos e inversión para colocar fondos presuntamente ilícitos vinculados a la red de Sebastián Marset, señalado en esa acusación como referente de la red de fondos presuntamente ilícitos. Las operaciones descritas se remontan a 2021. En las publicaciones aparecen Credicentro y Financiera El Comercio.
El expediente de A Ultranza Py ofrece pistas sobre el origen de ciertos fondos. Para reconstruir el paso del dinero por cada sociedad y saber si alguna operación incidió en la insolvencia de Ueno en 2026 se necesitan la acusación íntegra, sus anexos y los registros de las transacciones.
Después de la resolución también se abrió una disputa sobre la actuación del fiscal general Emiliano Rolón. El 9 de noviembre, senadores anunciaron una denuncia y el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) buscaba votos para impulsar un juicio político que también ponía bajo examen a autoridades de la Contraloría, el organismo que fiscalizal uso de recursos públicos. El 10, el diputado Raúl Benítez cuestionó los plazos de la investigación patrimonial y mencionó que se había asignado un fiscal el 26 de mayo. El diputado colorado Roberto González cuestionó a Emiliano Rolón por la falta de investigaciones sobre las autoridades que colocaron fondos públicos. La exsenadora de la oposición Kattya González atribuyó la demora a protección política.
Emiliano Rolón rechazó la acusación de lentitud. La Fiscalía amplió sus equipos el día 9. Al cierre estaban documentados los anuncios y la preparación de acusaciones. Queda por localizar la constancia de ingreso de una denuncia formal contra Emiliano Rolón y reconstruir qué diligencias se hicieron desde la presentación de 2025.
Cómo entra la política internacional en el caso
Los vínculos con Israel, Estados Unidos y las derechas
En diciembre de 2024, el entonces presidente Santiago Peña reinauguró la embajada paraguaya en Jerusalén y se reunió con el primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu y el presidente israelí Isaac Herzog. En junio de 2026 defendió ante la ANR el acercamiento a Israel y Estados Unidos y el reconocimiento de Taiwán. El 24 de septiembre se reunió con el primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu en Nueva York junto a los presidentes de Bolivia y Panamá. Israel presentó la reunión como parte de sus gestiones para ampliar los Acuerdos de Isaac, lanzados en abril por Israel y el gobierno del presidente argentino Javier Milei. Para hablar de adhesión paraguaya haría falta un instrumento propio.
El acercamiento al gobierno del presidente estadounidense Donald Trump también tuvo expresiones concretas. Santiago Peña firmó en enero el acta fundacional de la Junta de la Paz y en marzo participó en la cumbre de seguridad de Miami. En octubre se reunió en Washington con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent y, según confirmó el 26, también con el director de la CIA, John Ratcliffe. Santiago Peña situó ese encuentro en la agenda de seguridad. Sigue sin documentarse si se habló de Ueno.
Con el presidente argentino Javier Milei había afinidad política y una agenda entre países que incluía la hidrovía y la integración fronteriza. En 2025, Santiago Peña inauguró en Asunción el Foro Madrid con Santiago Abascal, presidente de Vox. También clausuró la CPAC Paraguay, donde Javier Milei intervino y se reunió con él. Esos actos muestran vínculos públicos con espacios de derecha y ultraderecha, incluidos los europeos.
Ueno tuvo presencia empresarial en ese circuito. El banco figuró como patrocinador de la Hispanic Prosperity Gala del 10 de febrero de 2026 en Mar-a-Lago. Allí estuvo el exdiputado federal brasileño Eduardo Bolsonaro y Javier Milei (presidente de Argentina) participó por video, según la cobertura. En la gala se reconoció al consultor político Fernando Cerimedo. Para seguir el gasto del patrocinio, identificar a sus destinatarios y establecer cualquier eventual vínculo con campañas hacen falta contratos y registros contables.
El viaje a Hungría y la inversión de OTP
En diciembre de 2025, Santiago Peña se reunió en Budapest con el presidente húngaro Tamás Sulyok y el entonces primer ministro Viktor Orbán. Ese mismo mes, según un informe de calificación publicado por la Bolsa de Valores de Asunción, OTP Bank aportó USD 30 millones para ingresar en U Holdings. Es la sociedad de Luxemburgo que controlaba Ueno Bank a través de U Paraguay.
Ueno comunicó un segundo aporte de USD 17 millones en mayo y lo anunció el 3 de junio. Según la información publicada, tras las dos operaciones OTP teníal 9,99 % de U Holdings. En mayo, Péter Magyar asumió como primer ministro tras derrotar a Viktor Orbán. La primera inversión coincidió en el mes con la visita del entonces presidente Santiago Peña. El segundo aporte se produjo en el mes del recambio húngaro. Las agendas completas y los contratos ayudarían a establecer si Santiago Peña participó en la negociación o si hubo gestiones del gobierno de Hungría.
Brasil y la negociación de Itaipú
El 30 de mayo, el senador y candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro llamó públicamente amigo al entonces presidente Santiago Peña al responder al repudio del mandatario paraguayo a unos carteles ofensivos en Ciudad del Este. El intercambio muestra cercanía. Durante la campaña, la cobertura registró que Santiago Peña evitó pronunciarse por un candidato. El presunto respaldo electoral a Flávio Bolsonaro sigue sin corroborarse.
El 25 de octubre, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva ganó la segunda vuelta con el 51,79 % de los votos válidos frente al 48,21 % del senador y candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro, según el Tribunal Superior Electoral de Brasil. El entonces presidente Santiago Peña felicitó a Luiz Inácio Lula da Silva y señaló como asuntos pendientes la integración bilateral y el Anexo C de Itaipú, que establece las bases financieras y de prestación de servicios de electricidad de la represa compartida. La elección brasileña apareció también en el juicio político. La senadora Esperanza Martínez invocó el caso de Flávio Bolsonaro al pedir medidas ante una eventual salida de Santiago Peña del país. La intervención muestra cómo se usó esa comparación en Paraguay. Sigue sin establecerse un vínculo entre la derrota de Flávio Bolsonaro y la pérdida de apoyos legislativos de Santiago Peña.
Las primeras reacciones a la sucesión muestran continuidad en varias relaciones. Antes de asumir, el entonces vicepresidente Pedro Alliana ya había viajado a Israel y acompañado el acuerdo sanitario del 7 de octubre. Tras la destitución, la Embajada de Estados Unidos expresó su disposición a trabajar con el nuevo Gobierno y se informó de una llamada del secretario de Estado estadounidense Marco Rubio a Pedro Alliana. El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva también manifestó su disposición a trabajar con él. El 10 de noviembre, el presidente de la ANDE, Félix Sosa, dijo que avanzar en el Anexo C era prioritario y habló de un viaje previsto a Brasil. El rumbo de la negociación seguía abierto.
Los proveedores israelíes de tecnología de vigilancia
ITTI es la empresa tecnológica del Grupo Vázquez, el conglomerado que controla Ueno Bank. En 2024 se anunció que el grupo había adquirido licencias de reconocimiento facial de Corsight AI y que ITTI dirigiría su implementación. Amnistía Internacional documentó el uso de software de Corsight por fuerzas israelíes en Gaza. Una investigación de The New York Times atribuyó ese programa a la inteligencia militar israelí, incluida la Unidad 8200. Lo que conecta ambos casos es el proveedor y el uso militar documentado de su tecnología en Israel.
En abril de 2025, el diputado Mauricio Espínola denunció que un concurso del Parque Tecnológico Itaipú para equipar a la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) favorecía a ITTI y a Septier, una empresa israelí de interceptación y monitoreo. En noviembre de 2026, la prensa publicó datos de una planilla incautada en casa del empresario y directivo de Ueno Bank Federico Miguel Vázquez que mencionaba a Septier como socio para un proyecto de inteligencia de la Senad. También se informó que la misma planilla incluía otro proyecto, con tecnología de Elbit Systems, para modernizar las telecomunicaciones del Ejército paraguayo.
Una denuncia de favorecimiento, una mención en una planilla y una adjudicación acreditan cosas distintas. Queda por revisar los pliegos, los contratos y lo que se ejecutó. Para afirmar que ITTI tuvo una relación operativa directa con el Mossad u otro servicio israelí, o que transfirió datos paraguayos a esos organismos, harían falta convenios, registros de acceso u otra evidencia técnica.
Qué cambió con la salida de Santiago Peña
Después de la sucesión, la principal dificultad era devolver el acceso al dinero y sostener el funcionamiento de los organismos públicos mientras se aclaraba cómo se habían concentrado los recursos. El oficialismo tenía votos para resolver la sucesión y cubrir cargos. La oposición había encontrado obstáculos para obtener información o exigir remociones en octubre. En noviembre consiguió apoyo para acusar al entonces presidente Santiago Peña, pero quedó en minoría frente a Pedro Alliana.
En la calle, ahorristas, trabajadores, docentes y comerciantes pusieron a la vista costos que las cifras de solvencia apenas dejaban ver. En el ámbito judicial, la Fiscalía y los tribunales conservaron el control de las diligencias y de las decisiones procesales. Cada asunto se decidía en un ámbito distinto. Eso ayuda a entender por qué el recambio de autoridades avanzó más rápido que la investigación y la recuperación de fondos.
Si tuviera que explicar por qué la respuesta del Congreso tomó esa forma, empezaría por la disputa de 2028, que debilitó el alineamiento en torno al entonces presidente Santiago Peña. La resolución hizo visibles los costos de la supervisión y de la concentración de recursos públicos. La línea de sucesión, por su parte, permitía a la ANR retirar su apoyo al presidente y conservar el Ejecutivo. El problema financiero habría exigido una respuesta con cualquier reparto de fuerzas. La disputa dentro del partido ayuda a entender por qué esa respuesta terminó en la destitución de Santiago Peña y la continuidad del presidente Pedro Alliana. Las actas, las negociaciones legislativas y la cronología de las denuncias pueden cambiar la evaluación del peso que tuvieron la protesta y las revelaciones sobre el grupo.
Qué mirar en las semanas siguientes
La estabilidad del presidente Pedro Alliana y el margen del expresidente de Paraguay y presidente de la ANR Horacio Cartes. Si los anticipos reducen la presión inmediata y el oficialismo sostiene sus mayorías para nombramientos y decisiones de gobierno, Pedro Alliana podrá estabilizar el Ejecutivo y Horacio Cartes tendrá margen para consolidar su papel de árbitro. Las votaciones divididas o las disputas por nuevas designaciones mostrarían los límites de ese poder.
El alcance de la investigación. Una comisión de ambas cámaras con mandato y acceso a documentos, la publicación de actas del Banco Central y avances procesales verificables permitirían examinar cómo se supervisó el banco, quién decidió colocar fondos y hasta dónde llega la investigación de organismos y contratos.
Los reclamos que sobrevivan a los anticipos. Los saldos fuera del anticipo, las cuentas operativas y los fondos colectivos siguen pendientes. Un calendario con financiación y una conciliación de las cifras por organismo, moneda e instrumento permitirían medir cuánto queda en disputa y por qué pueden persistir los reclamos previsionales, laborales y comerciales.
Los indicios de contagio. Habría que observar si otras entidades registran caídas persistentes de depósitos, dificultades de liquidez o restricciones de crédito. Una baja de ventas en los negocios afectados o un movimiento puntual del dólar ayudan a medir otros efectos de la crisis.
En la semana posterior al corte, las piezas más útiles para revisar este análisis son las actas nominales del Congreso y del Banco Central, los balances de recuperación del IPS y otros organismos, y la documentación de las causas penales. Para la dimensión internacional, conviene examinar la agenda de Budapest, los contratos de OTP y los expedientes de compra y tratamiento de datos vinculados con Corsight, Septier y Elbit. Esos documentos permitirían revisar las hipótesis sobre la intervención presidencial, la supervisión y el alcance del nuevo reparto de poder.
Fuentes y documentos
Fuentes y documentos
Las referencias se agrupan según el tema tratado en el artículo.
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La disputa que ya dividía al Partido Colorado
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