Por Marcelo Caruso Azcárate
La RRI es la principal apuesta para implementar y extender los Acuerdos de Paz y la reforma que más acerca los horizontes de este gobierno de transición. Implica acortar las distancias entre campo y ciudad, entre las regiones y un centro articulador, a través de un ordenamiento de los territorios que oriente la redistribución de la propiedad de la tierra y la asociatividad participativa entre quienes accederán a ese derecho.
Lo “integral” indica que aborda factores que atañen a todas las instancias de gobierno con responsabilidades en su implementación, por lo que requerirá de una coordinación asentada en la presidencia. Sus alcances van desde garantías de derechos sociales y políticos que permitan el regreso al campo con libertades aseguradas, pasando por educación, salud, formación ambiental, conectividad, apoyo técnico y crédito subsidiado, hasta algo parecido al antiguo IDEMA que garantice la comercialización justa de lo producido. En la perspectiva de reconstruir los sujetos sociales de derechos afectados por la guerra, y recuperando la experiencia que llevó a Perón a la presidencia de Argentina y luego reprodujo Allende en Chile, debería ir acompañado de la creación de un “ejército” de inspectores de trabajo exigiendo el cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores agrarios -y urbanos-, incluyendo su asociatividad sindical o cooperativa. Los organismos de control tendrán un papel importante en esta misión.
La tenencia y uso de la tierra ha sido el principal detonante del conflicto armado que aún persiste, por lo que vale preguntarse quiénes serán los sujetos que llevarán adelante este proceso como actores, beneficiarios y conductores de sus alcances. Hay valiosas experiencias internacionales (el movimiento Sin Tierra en Brasil) y nacionales, sobre los procesos e intentos de realizar reformas agrarias. El más importante en Colombia es el realizado por el ex presidente Carlos Lleras quien, para recuperar la Ley 135 de 1961, promovió la creación de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, fundada en 1967. En su proyecto desarrollista tenía claro que los fracasos de los intentos anteriores por realizar la Reforma Agraria eran consecuencia de una correlación territorial de fuerzas muy favorable a la oligarquía agraria y ganadera. Entendía que sólo la organización de los trabajadores agrícolas y pequeños y medianos campesinos, podía llevar adelante y sostener un proyecto que cambiaba el futuro de Colombia.
Tal vez su error fue creer que, con ese apoyo campesino y el peso del Estado, sería suficiente; sin entender que la estructura del Estado en la que se apoyaba era parte importante del problema. Si bien se fortaleció mucho el movimiento campesino, no se avanzó en trasladarle funciones de cogestión del proceso que lo agilizaran; arreció la respuesta agresiva de los terratenientes y sus poderes políticos regionales, al tiempo que se agudizaban las contradicciones con el gobierno que llevaron a su división interna. El fracaso fue inevitable y el conflicto armado se agudizó. Reordenar participativamente las funciones de las entidades del Minagricultura y recuperar las CAR es fundamental; como lo es la inmediata reorganización del tejido social y el fortalecimiento del existente, condición básica para abordar las dificultades y darle continuidad al proceso. Cuando la gente participa y siente que puede incidir y decidir, las capacidades se multiplican y es la práctica colectiva la que ordena el proceso.
En Chile, un aporte a esa integración campo-ciudad fueron las brigadas voluntarias de estudiantes que se trasladaban al campo aportando sus aprendizajes técnicos-científicos. Experiencia que hoy podría adecuarse con el intercambio de saberes culturales, ambientales y sociales acumulados en siglos de resistencia y convivencia con la naturaleza por los pueblos originarios, las comunidades afrodescendientes y las organizaciones campesinas. Así, los derechos de la naturaleza encontrarán nuevos guardianes en la sociedad civil.
