Por Marcelo Caruso Azcárate (*)
Los acontecimientos en Perú donde destituyen al presidente Castillo y en Argentina con la condena en primera instancia de la expresidenta Cristina Fernández, merecen una reflexión más equilibrada y de fondo. El caso de Castillo y sus debilidades para enfrentar el rechazo de sus 80 ministros por parte del Congreso, algo que se menciona como anecdótico, así como su torpe e inducida decisión de salir a disolverlo tardíamente sin apoyo popular y legal, es un triunfo del fujimorismo corrupto y de una ultraderecha con visos facistoides.
Que su destitución fue constitucional, como dice el presidente Lula, no puede esconder que también lo fue el acoso paralizante realizado por el Congreso desde el primer día de su gobierno. Esto superó sus cortas experiencias y capacidades para gobernar y permitió que “los villanos se conviertan en héroes”, como afirma el analista boliviano Hugo Moldiz. Una Constitución elaborada por Fujimori, quien controlaba la gran mayoría del Congreso, deberá ser revisada de raíz, pues solo así podrá funcionar en Perú un gobierno que intente transformar democráticamente las estructuras de un Estado capturado por las mafias.
Valiosas son en este sentido las posiciones adoptadas por los presidentes de Colombia y México, quienes son conscientes que escenarios parecidos, aunque con otros marcos constitucionales, buscarán ser fabricados para golpearlos hasta sus últimos días de gobierno.
En el caso de la expresidenta argentina, se esconde que su muerte política por medio de la guerra jurídica, lawfare, es la continuidad del fallido disparo que buscaba su muerte física. Días atrás, trascendieron los contenidos -jaqueados- de un grupo de WhatsApp integrado por jueces, fiscales, políticos, grandes empresarios y la empresa que monopoliza los medios de comunicación en Argentina, donde sale a luz una reunión que realizaron en la finca de un gran magnate extranjero.
El objeto del nada fraterno encuentro era avanzar en las estrategias del uso indebido de los procedimientos legales que caracterizan al lawfare, en particular contra la exvicepresidenta. Demás está decir que, expertos jurídicos independientes aseveran que no existen pruebas que acrediten los hechos que la condenan, salvo el testimonio de un testigo de poca credibilidad.
Estos y otros casos deberían ser abordados en profundidad y con alternativas globales concretas en la próxima reunión de la CELAC, así como en las que se realicen en una recuperada UNASUR, ya que poco preocupan a las autoridades de la OEA que solo se pronuncian cuando se les presenta la posibilidad de condenar a gobiernos progresistas y de izquierda. Se requiere que, respetando las soberanías de cada país, declaren su rechazo a los brotes neofascistas que recorren el continente y conviertan la justicia social, étnica y ambiental para ciudadanas, ciudadanos, pueblos y comunidades, en un ingrediente más de la anhelada integración latinoamericana y caribeña.
Adenda
¿Será que en las recientes reuniones de la ultra derecha en México y Argentina solo reflexionaron alrededor de temas ambientales, de la libertad y la democracia? ¿O que, por el contrario, no estaremos frente a “injerencias extranjeras subversivas”?
(*) Marcelo Caruso Azcárate é professor em Bogotá (Colômbia)
