Por Marcelo Caruso Azcárate (*)
Este domingo 6 de noviembre, se cumplen 17 días del Paro Cívico indefinido del Comité Cívico de Santa Cruz, Bolivia, liderado por el gobernador Camacho, quien no pierde oportunidad para declarar sus intenciones golpistas. La causa que origina esta nueva ofensiva dirigida a destituir al presidente Arce, es la fecha del próximo censo poblacional que define la distribución de escaños parlamentarios y de las transferencias presupuestales a los entes territoriales. Mientras el gobierno propone hacerlo en el año 2024, por las dificultades técnicas que implica garantizar su total cubrimiento, Camacho exige que se realice el 2023.
Para resolver el origen del conflicto, se instaló una Mesa Técnica en el Chapare entre el gobierno y una delegación del Comité encabezada por su presidente y el Rector de la Universidad regional. El gobierno acepta adelantar la fecha, pero aduce que existen razones climáticas, lluvias de noviembre, que llevarían a excluir del censo a la que llaman población rural dispersa, indígena y campesina. Declaraciones recientes vislumbran diferencias al interior de las logias latifundistas y los fuertes grupos empresariales de Santa Cruz, que llevan a la posibilidad de negociar y levantar un paro que no ha encontrado eco en el resto del país, pero que tiene a líderes de la derecha, como Mesa y Doria Medina, criticando a quienes en Santa Cruz se movilizan contra el Paro.
La mayoría de la producción boliviana de pollos, huevos y arroz se realiza en esta fértil región y sus precios están creciendo, realidad que también está perjudicando a sus productores y habitantes y genera incertidumbre alimentaria nacional.
El problema central es que Camacho y sus crecientes grupos neofascistas -que no tienen ya vergüenza de mostrar su devoción a la cruz esvástica- amedrentan a los sectores de esa derecha vinculada al mercado nacional e internacional, y apuntan a una escalada violenta que desestabilice las gestiones del presidente y lleve a nuevas elecciones. Por lo cual, aun logrando acuerdos sobre las fechas del censo, surgirán nuevas disputas similares que alimentarán estas dinámicas golpistas.
El gobierno debe repensar la reconstrucción de la movilización surgida de sus bases sociales y pueblos indígenas, avanzando en los espacios de cogestión que los hagan sentir que realmente es su gobierno popular. Entender que lo que están afrontando es una alerta repetida que exige avanzar en reducir las grietas abiertas al interior del MAS, con reflexiones autocríticas y propositivas de las partes implicadas, que permitan superar los efectos que ya se expresan en la bancada del Congreso y en las relaciones con el Ejecutivo. Enseñanzas a tener en cuenta.
Adenda. Nos queda por comentar la reciente reunión realizada en Buenos Aires de los expresidentes Macri, Piñera y Uribe, para escuchar los coloniales consejos frente al cambio climático del expresidente Rajoy, quien, en ejercicio de su cargo, llegó a negar el cambio climático pues “un primo suyo, que es físico, le dijo que eso era exagerado”. Suponemos que a Macri le preocupaba la continuidad de sus especulativos proyectos inmobiliarios y a los otros dos sus inversiones en tierras y licencias mineras. Pronto reaparecerán reciclados como ecologistas.
(*) Marcelo Caruso Azcarate é analista político, professor universitário e consultor em direitos humanos e direito à participação.
